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El 29 de noviembre de 2023, el Consejo Federal abrió el procedimiento de consulta relativo a la revisión parcial de la ley sobre epidemias. Poco debatido, el proyecto introduce, sin embargo, cambios fundamentales al convertir en derecho ordinario las medidas excepcionales de la ley Covid. Con certificados de vacunación, exámenes de detección, rastreo y otras intervenciones controvertidas, la ley confirma el paso de la vigilancia de enfermedades a la vigilancia de las personas.

También transfiere competencias a la OMS en el marco del “tratado” sobre pandemias y las modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional, cuyos textos no se comunicarán hasta la víspera de la votación en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, el 27 de mayo. 2024. La “salud global” mencionada en la ley suplantaría discretamente las políticas nacionales y los derechos constitucionales, que garantizan la libertad de elección de los pacientes y la pluralidad de enfoques terapéuticos. Por este motivo, muchos ciudadanos hacen sonar la alarma, invitando a la población y a las partes interesadas a reaccionar antes de que sea demasiado tarde.
Nuevos ataques a las libertades

La nueva versión de la ley sobre epidemias parece consolidar como ley las medidas adoptadas durante la crisis del Covid, sin preocuparse por los derechos y libertades consagrados en la Constitución. El texto enumera una serie de amenazas potenciales a la salud pública a las que sólo un pesado régimen de centralización, digitalización, vigilancia y obligaciones parece poder responder.

Varias disposiciones van más allá de las limitaciones impuestas durante el período de Covid. Por ejemplo, vemos surgir discretamente obligaciones de vacunación, aunque constituyen una violación de la integridad física, un derecho fundamental considerado inviolable en Suiza.

Otro refuerzo de las medidas se refiere a la libertad de reunión (artículo 22 de la Constitución). El artículo 40 de la nueva ley pretende ahora regular de manera más sistemática y restringida la recogida de datos de contacto de las personas, el trabajo desde casa o las manifestaciones en espacios públicos.
Devolución del certificado sanitario.

Sin demasiada sorpresa, el certificado sanitario está volviendo a aparecer, a pesar de la oposición de casi la mitad de los suizos a su uso y del rechazo de la población a la identidad digital. La ley ofrece al Consejo Federal la posibilidad de definir un documento para entrar y salir de otro país y, por supuesto, puede vincularse a los sistemas extranjeros correspondientes. Además, pretende sumar otros datos de salud que estarían obligados a declarar médicos, hospitales e instituciones sanitarias públicas y privadas.

Se pasa así de la lógica actual de declarar enfermedades a la obligación de declarar a las personas. El artículo 12 prevé la declaración de "informaciones que permitan identificar a las personas enfermas, presuntamente enfermas, infectadas, presuntamente infectadas o que excretan agentes patógenos" (lit. a), así como "en particular, datos sociodemográficos y de comportamiento, incluidos datos sobre la esfera íntima” (lit. c).

Para el Dr. Philippe Vallat, experto independiente en salud pública, se trata de un verdadero cambio de paradigma:

“Ya no se nos considerará enfermos porque nos sintamos así, o porque un médico así lo haya determinado, sino administrativamente por defecto. Esto establecería un nuevo paradigma médico basado en la sospecha generalizada, en el que a priori se “presume” que todo el mundo está enfermo o infectado. Esto llevaría a la necesidad de demostrar que uno no es contagioso y, por tanto, no es peligroso para los demás. Cómo ? El proyecto no dice nada al respecto, pero la experiencia Covid del certificado demostró cómo un sistema administrativo basado en medidas científicamente inadecuadas abrió la puerta a la arbitrariedad y la discriminación.

En su propuesta de moción sobre el proyecto de ley, el periodista Guy Mettan también cree que se trata más de una medida de control que de una intervención sanitaria:

“El artículo 49b prevé el mantenimiento del certificado sanitario, originalmente establecido como medio para evitar la propagación del virus, mientras que la realidad de la crisis del Covid ha demostrado que es un documento administrativo ineficaz en salud pública, la vacunación no previene la transmisión. .

La identidad digital entregada a la profesión por la CF, el certificado sanitario introducido en el proyecto de revisión de la ley sobre epidemias y el expediente electrónico del paciente contribuyen a la abolición de la esfera privada y al establecimiento de un control globalizado de nuestras vidas.

El ejemplo de Bélgica confirma estas hipótesis: las autoridades locales y el gobierno federal votaron a favor de la devolución del certificado sanitario el 8 de febrero. Autorizaron la entrega de sus claves de verificación a la OMS y ampliaron la validez de los documentos antiguos con efecto retroactivo. Oficialmente, el certificado sanitario (Covid Safety Ticket) vuelve a estar operativo desde el 1 de julio de 2023, fecha en la que la Unión Europea transfirió su sistema a la OMS con vistas a la creación de un certificado digital global.

El certificado pronto se incluirá en la billetera digital europea que contendrá otros datos de salud y estará vinculado a la identidad digital europea y a los datos biométricos. Habría que añadir otros documentos administrativos, por ejemplo el seguro, el permiso de conducir y muy probablemente datos bancarios.
Transferencias de poderes

Aunque los principios de autonomía se reafirman en los textos, en la práctica asistimos a una centralización de poderes en torno a la salud. Así, la ley sobre epidemias define 32 “poderes delegados” al gobierno federal, que reducirán el poder de los cantones a una cáscara vacía, sin dejar de pagar la mitad de la factura.

Pero, sobre todo, lo preocupante es el ataque a la soberanía nacional. Hay una cláusula en la ley que desencadena “la situación particular en Suiza” por parte de la OMS (art. 6b). Y, según el artículo 12 modificado del RSI, el Director General de la OMS, previa consulta a un comité de emergencia, tendría el poder de anunciar por sí solo y sin posibilidad de impugnación la aparición potencial o real de una emergencia de salud pública de importancia internacional. (ESPII), incluida una pandemia, y declarar su fin.

Además, la ley parece incorporar contenidos del Tratado de Pandemia CA+ de la OMS y la revisión de la normativa sanitaria internacional, aunque estos sólo se conocerán al final de las negociaciones actuales.

Para los críticos de la ley, la voluntad de la OMS es clara: con la modificación de los artículos 1, 13a, 42, 53a, 54bis del RSI, todas las recomendaciones de la OMS (por ejemplo: certificados obligatorios, cuarentena, certificados de vacunación o la constitución de reservas de medicamentos) pasaría a ser vinculante para los Estados firmantes.

La OMS también ampliaría su campo de competencia, en particular con conceptos generales como "One Health", gracias al cual también podría abordar el clima, los animales, la agricultura, la educación o el transporte para nombrar sólo algunas de las áreas afectadas.

Lo mismo ocurre con la noción de “infodemia” y su estrategia de “luchar contra la desinformación”. La organización parece querer transformarse en un “ministerio de la verdad científica”, con sus campañas de censura y propaganda. Pretende obligar a los Estados a combatir las fuentes de “desinformación” y sus autores en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales.

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